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Tomado de lavozdigital.es
Una cifra, 53.000 personas y un informe, sobre el nivel de contaminación de las aguas que abastecen a estas familias de Chiclana, han servido para cuantificar una realidad conocida de sobra por el gaditano. El diseminado chiclanero, esa urbe alternativa de campitos que ha ido creciendo durante años al margen de la ley y con el consentimiento del Ayuntamiento, vuelve a ser noticia.
La última consecuencia de esta tolerancia absoluta al ladrillo sin licencia, de la dejadez administrativa y la connivencia con promotores e intereses inmobiliarios en la época de la burbuja es el riesgo sanitario al que se exponen miles de familias que se abastecen con agua de pozo porque sus viviendas carecen de permiso y conexión con la red general. Según el informe de la discordia, que ha puesto en peligro la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Chiclana con la salida de una concejala del partido vecinal, 18.000 viviendas (unas 53.000 personas) se abastecen de agua procedente de dos acuíferos que están completamente contaminados por nitratos y coliformes; una contaminación fruto de los vertidos procedentes de las fosas sépticas de unas viviendas que carecen también de alcantarillado.
Una de las conclusiones firmadas por el director técnico de la empresa Chiclana Natural es que existe un alto riesgo para la salud humana. De ello dan fe algunos vecinos como Guillermina Ramírez, de la Federación Las Lagunas. «Tenemos constancia de personas que han contraído enfermedades de la piel, niños que han sufrido gastroenteritis y por desgracia no podemos saber, aunque no lo descartamos, que hayan muertes relacionadas con el consumo de agua contaminada».
Esta madrileña llegada de Inglaterra en la década pasada es el motor vecinal de la Rana Verde. Se revuelve cuando intentan ponerle la etiqueta de propietaria de vivienda ilegal. Su casa está escriturada, la adquirió en una operación en presencia del notario. «Todo fue normal hasta que fui al Ayuntamiento a pagar el IBI y me enteré que la casa estaba en suelo no urbanizable».
Su caso puede sonar a excusa, pero es muy parecido al que cuentan muchos extranjeros que llegaron a Cádiz en busca de un paraíso a buen precio. «Yo llevaba muchos años viviendo en Inglaterra y no me podía imaginar que las cosas se podían hacer así en un país europeo». Se refiere a que le vendieran una casa aparentemente regularizada y con el pozo y la fosa séptica «tapadas para que no se vieran de dónde procedía el agua».
Ramírez reconoce que su pelea por pagar un IBI (el Ayuntamiento cobra impuestos de bienes inmuebles por la propiedad de viviendas ilegales) y que su parcela acabara dentro de las zonas regularizadas en el nuevo PGOU no la comparten otros vecinos, que prefieren seguir fuera de la legalidad porque no conlleva costes económicos.
Mientras paseamos con ella por la Rana Verde en busca de otros vecinos que muestren cómo funcionan sin agua potable ni alcantarillado en el día a día, casi nadie quiere hablar con la prensa. Algunos están sancionados por infracciones urbanísticas y otros temen por ello. El nuevo PGOU que, por fin, establecerá un planeamiento en Chiclana, está en fase de exposición y la crisis de Gobierno pone en peligro su aprobación definitiva.
Este municipio gaditano, en el que se estima que han llegado a levantarse entre 25.000 y 30.000 viviendas ilegales, se ha desarrollado a través de unas normas subsidiarias que datan de 1987 y que completaban un PGOU de 1967. Esa falta de actualización del marco normativo también ha influido para el descontrol urbanístico que años después no sólo se traduce en una amenaza sanitaria sino también en un problema medioambiental.
Como adelantaba en exclusiva este medio, la Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias penales para aclarar qué ha pasado con el informe y si se ha producido un delito medioambiental. En el estudio realizado por Chiclana Natural se calcula que 3,2 millones de metros cúbicos de agua bruta, sin depurar, se vierten al año en los terrenos y en el acuífero, facilitando la contaminación de las aguas.
Un porcentaje muy escaso de propietarios recurre a servicios de recogida de vertidos de las pozas, que tratan esos residuos en las EDARs para depurarlos. «Lo normal es el vertido del agua bruta (o como mucho sólo decantada en una fosa séptica) al terreno del acuífero de donde se extrae el agua, o bombeada a los caminos circundantes de la parcela o incluso a los vecinos, creando complejas situaciones sanitarias, judiciales e incluso de orden público», cita textualmente el informe.
De esas consecuencias sabe bien Agustín Marín, uno de los primeros en instalarse en la Rana Verde. «Los primeros años, el agua que aquí consumíamos era de lo mejorcito de Chiclana, pero cuando esto comenzó a llenarse de casas, ha ocurrido lo inevitable, que el agua se ha contaminado». Es de los pocos vecinos que acepta a hablar con la prensa. También paga IBI y cuando adquirió la parcela, le dieron licencia para construir. Es otro ejemplo de cómo el Ayuntamiento ha sido el cómplice ideal para que las normas urbanísticas se incumplieran en el diseminado chiclanero. Una connivencia que resume Marín con aparente normalidad: «El mismo arquitecto que trabajaba para el Ayuntamiento fue el que me hizo los planos para la obra de mi casa».
Tuberías en las puertas
La Rana Verde en una de las zonas que pasarán a urbanizables con el nuevo PGOU, pero mientras no llega ese momento sus vecinos siguen nadando en tierra de nadie. Las arquetas de Chiclana Natural dan buena cuenta de ello. Un convenio rubricado entre el Ayuntamiento (socialista entonces) y la Junta en 2005 y la inversión de 15,1 millones de euros en una red de tuberías de unos 14,7 kilómetros de longitud que están terminadas desde 2011 son el claro síntoma de la dejadez de años. Los vecinos ven el agua y el saneamiento a la puerta de sus casas, literalmente, pero están sin conectar. Ya ni desesperación muestran, lo ven como algo «normal».
Para que el agua llegue a estos 17 ramales, y de ahí a las viviendas, tan solo falta la orden que lo autorice y las obras que las conecten. Según la Junta y el propio PSOE Local «lo más duro y costoso ya está hecho, el Ayuntamiento ya podría haberlo ejecutado». Según el Consistorio, el PGOU tumbado en 2011 y la ausencia de este documento, frenan la necesaria conexión. Los vecinos lo ven «lejano», mientras, se preocupan más de zafarse de la contaminación de las aguas de sus pozos, de las posibles sanciones o de no contar en sus caminos con servicios tan básicos como cartero o numeración de viviendas. Eso por no hablar de las denuncias entre ellos que siempre se cierne sobre el que se atreve a volver a actuar al margen de la legalidad, a medio camino entre la rencilla personal y el deber ciudadano de informar.
Es el cosmos que se vive en más de la mitad del término municipal de Chiclana, el mismo que se debate entre la confirmación de lo que era una sospecha y la sorpresa: consumen agua contaminada. La gota que colma el vaso de una situación heredada de la crisis del campo y pelotazos del ladrillo.
Difícil marcar un inicio claro, quizás se podría fijar en la crisis de los viñedos de los años 80 y el plan de reestructuración del Marco de Jerez que llevó a ofrecer incentivos al viticultor que arrancara sus viñas. Eso, sumado al dinero que muchos gaditanos tenían tras la reconversión naval, llevó al negocio rápido. Obreros que compraban terrenos de antiguos viñedos para construir su segunda residencia, dividir la parcela y venderla. Los caminos e hijuelas se convierten en supuestas calles, las casas de aperos en grandes chalés, los pozos de riego en puntos de extracción de consumo humano (con la poza al lado).
El boom inmobiliario llega a la cresta de la ola a finales de los 90, mientras que políticos de uno y otro color, de una y otra administración, ni están ni se les espera. Ciegos, sordos y mudos deciden no decidir nada, no actuar. Los años pasan y el fenómeno es tan grande, tan asimilado, que ya solo queda buscar la solución menos mala, a medio camino entre la permisividad y la supuesta mano dura para el futuro. Es el precio de vivir en la tranquilidad del campo, la paradoja que resume el vecino Marín: «Estamos dentro de Chiclana y, a la vez, fuera». Casi nada.
